El sábado 4 de junio de 2022, el periódico Hoy publicaba en una destacada primera plana el siguiente titular: “Delincuencia responde con la muerte a tiros de cinco hombres”. ¿A qué respondía la delincuencia aludida? En el desarrollo interno de la nota, bajo la firma de la periodista Soila Paniagua, se afirma que los cinco muertos y los heridos (que fueron dos en esa sangrienta jornada) respondían al “operativo conjunto de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para enfrentar la desbordada delincuencia que afecta al país.” 

Perturbadoramente lacónico fue el título con que dos días después, el 6 de junio, apareció esa columna de procesión que es el AM, en que cada día deja constancia de su opinión la directora de Diario Libre Inés Aizpún: “Se llama Terrorismo.” Allí sostiene Inés, con la aguda firmeza que la caracteriza, que los atentados de los días previos “parecerían una reacción a los planes de reforma de la Policía Nacional. Son un nuevo formato de los “intercambios de disparos”: ahora los perpetradores van de incógnito y demuestran equipamiento y formas entrenadas y las víctimas diferentes particularidades.” Más adelante agregaba: “En cualquier otro país hablarían de terrorismo, palabra que no utilizamos aquí porque no se considera que haya grupos terroristas sino sicarios contratados. ¿Por quién? ¿De dónde salen estos candidatos a matar, tan apertrechados, tan entrenados?”

Lo más escalofriante de la indicada crónica del periódico Hoy y del artículo de la directora de Diario Libre no son los detalles sobre la peculiar virulencia con que fueron perpetrados los hechos, sino el abierto y, en apariencia, deliberado desafío a la autoridad. Porque una cosa son los hechos delictivos que se llevan a cabo mediante maniobras, muchas veces ingeniosas, para burlar la efectividad del quehacer de las autoridades -y que, por tanto, suponen el reconocimiento de la existencia de un centro de poder al que, si bien se sabe es vulnerable, se le reconoce autoridad-; y otra muy distinta es la confrontación y el desafío abierto al poder del Estado para imponer la autoridad de la Ley y el derecho.

En la esencia constitutiva del Estado, en la tradición las teorías contractualistas que han inspirado las estructuras normativas para la organización política de las sociedades modernas, se encuentra la idea de que en él radica el monopolio legítimo de la fuerza y de la violencia. La cuestión detrás de esto es la siguiente: el convencimiento de que la única vía para superar la inseguridad y temor propio del estado la violencia indiscriminada en medio del que opera el Estado de naturaleza, es construyendo una instancia cuyo poder supera el poder conjunto de todos los miembros de la comunidad. Es un poder tan ostensiblemente superior, que la sola idea de desafiarlo se presenta como suicida. En esto radica la noción de soberanía estatal, cuya expresión más cruda fue sintetizada en la célebre frase con la que Karl Schmitt abre su Teología política: “Soberano es quien decide en el estado de excepción.”

Por tanto, que en alguna instancia de la sociedad se hayan gestado estructuras de poder criminal que se sientan en capacidad de desafiar, mediante el ejercicio de la violencia, a la autoridad legalmente constituida, es una cuestión que pone en cuestionamiento los cimientos mismos del Estado y la viabilidad de la gestión de la conflictividad social por medio de los cánones del derecho. Determinar por qué esto ocurre es una cuestión de primer orden para decidir la mejor manera de enfrentarlo.  

La nuestra es una sociedad forjada en estrecha convivencia con algunas de las manifestaciones más crudas de la violencia. La violencia ha sido una constante en nuestra evolución como sociedad. Hemos padecido la violencia política, heredada de una cultura autoritaria, que se ha expresado verticalmente desde el Estado a través de los regímenes dictatoriales y de fuerza que lo han gestionado a lo largo de una buena parte de nuestra historia republicana. Hijas de esa forma de violencia han sido, entre otras muchas, la tortura, el asesinato selectivo e indiscriminado de disidentes y opositores, la desaparición forzosa, el exilio y el encarcelamiento por motivos políticos e ideológicos.  

La violencia delincuencial y la violencia social, son otras modalidades de perturbación de la convivencia pacífica que nos han acompañado a lo largo de nuestra historia, pese al lente de indulgencia con que nos gusta mirarnos al momento de formular el juicio histórico sobre nuestra realidad como colectivo. 

Cuando esa constante histórica que es la violencia se encuentra, en un recodo de su devenir, con una catástrofe  sanitaria que nos obligó al encierro, nos sumió en el desasosiego, el temor y la incertidumbre cotidiana durante dos años; acompañada de una crisis económica sin precedentes y seguida de un recrudecimiento de esas crisis como resultado de un conflicto internacional cuyos efectos escapan a nuestro control, es lógico que sus efectos se potencien. 

Ya en las postrimerías del siglo XVIII, Thomas Malthus advertía, en su “Ensayo sobre el principio de población”, que uno de los efectos del crecimiento demográfico era la muerte por hambruna o por la guerra, a las que inducían la escasez de los productos para la subsistencia que, a su vez, era inducida por el crecimiento de la población.

Las formas de violencia que hemos estado experimentando en nuestro país los últimos meses deben ser entendidas en toda su perturbadora complejidad no solo por el Gobierno, sino por todo el liderazgo social y político del país. 

Frente a esta crisis, el imperativo mayor es el de la unidad de todo el país para abordarla, porque se trata de una situación que de prolongarse, podría conllevar a escaladas sin precedentes, si se produjeran escenarios de inflación y escasez que las estimulen, tal y como, aunque por distintas razones, advertía Malthus hace más de dos siglos. Se trata de una cuestión-país, en el más amplio sentido de la expresión. 

Ese imperativo de unidad nacional pasa por que la oposición política no caiga en la tentación de tratar de sacar provecho político de la situación, y por que el Gobierno entienda que necesita del concurso de todos para sacar al país adelante. Es mucho lo que está en juego si no somos capaces de dar, como país, la respuesta inadecuada. Confío en que lo lograremos.