Procuraduría se enfila hacia figuras del PLD

Lucía Medina
Momento cuando la exdiputada peledeísta, Lucía Medina, hermana del expresidente Danilo Medina, abandonaba ayer la sede de la Procuraduría General de la República, donde fue sometida a interrogatorio relacionado con su declaración jurada de bienes.

Por Guillermo Pérez y Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo.- La cruzada que se planteó el Gobierno de Luis Abina­der, en una forma de gue­rra frontal contra la co­rrupción y cualquier otro rastro o sospecha de irre­gularidades en la gestión pública, está mostrando fuerza de hechos con el desfile continuo de ciuda­danos ante los entes de la investigación vinculados a la Procuraduría General de la República.

Estas acciones, con ca­racterísticas de movimien­to de pinza en una batalla a plena flor contra el flage­lo, quedan evidentes en las citaciones a comparecen­cia simultánea a declarar ante fiscales, que de cami­no aplaca una ola de recla­mos y baja el nivel de an­siedad de la población.

A 81 días hoy de la asunción del nuevo Go­bierno, la Procuraduría Especializada de Perse­cución de la Corrupción Administrativa(Pepca) y la Dirección de Persecución trabajan a toda capacidad con al menos 40 fiscales para los interrogatorios, superando en creces las li­mitaciones extremas que obstruían su desempeño, cuando apenas había 11 en acción.

Con las citaciones a de­clarar ante los entes de investigación, en una variable de corrupción, so­bornos y casos de declara­ciones juradas de bienes, el Ministerio Publico está pro­yectando una idea sobre el curso irreversible de estos procesos.

Los hechos en cadena

Durante estos procesos, los primeros citados para in­terrogatorios fueron el ex­presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Ca­macho, el exasistente per­sonal del expresidente Da­nilo Medina, Robert de la Cruz, y el alcalde de Pedro Brand, Wilson Paniagua Encarnación, sobre los bie­nes presentados en sus de­claraciones juradas.

Les siguieron Lucía Me­dina, quien fue interrogada ahora por segunda ocasión, el senador Félix Bautista, y la ministra de la Juventud Kimberly Taveras Duarte. El pasado jueves, Bautista, senador por la Fuerza del Pueblo, volvió a interroga­torio.

Seis denuncias de pre­suntos actos de corrup­ción han llegado por ante la Pepca desde el pasado 10 de septiembre, de parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas y la Dirección de Ética e Integridad Guberna­mental.

Los casos más recientes son relativos a la sustrac­ción de discos duros del Plan Social de la Presiden­cia y la investigación en la Dirección de Recursos Hu­manos del Ministerio de Salud Pública, referente a la denuncia sobre ventas de cargos y nombramientos en ese ente.

La primera denuncia de­posita en el Ministerio Pú­blico se produjo el miérco­les 3 de septiembre, sobre la compra de 11, 500 millo­nes de pesos de hormigón asfáltico caliente por el Mi­nisterio de Obras Públicas, previo a las elecciones pri­marias.

El 26 de octubre pasa­do, la Pepca fue apoderada por parte de Contratacio­nes Públicas de tres expe­dientes relacionados con el Plan de Asistencia Social de la Presidencia y del Institu­to Nacional de Atención In­tegral a la Primera Infancia (INAIPI).

Seis denuncias

Seis denuncias de presun­tos actos de corrupción han llegado por ante la Pepca desde el pasado 10 de sep­tiembre, de parte de la Di­rección General de Com­pras y Contrataciones Públicas y la Dirección de Ética e Integridad Guber­namental.

Los discos duros y la venta de cargos

Los casos más reciente son relativos a la sustracción de discos duros del Plan Social de la Presidencia y la inves­tigación en la Dirección de Recursos Humanos del Mi­nisterio de Salud Pública, re­ferente a la denuncia sobre ventas de cargos y nombra­mientos en ese ente.

La primera denuncia de­positada en el Ministerio Público se produjo el miér­coles 3 de septiembre, so­bre la compra de 11, 500 millones de pesos de hor­migón asfáltico caliente por el Ministerio de Obras Pú­blicas, previo a las eleccio­nes primarias.

El 26 de octubre pasa­do, la Pepca fue apoderada por parte de Contratacio­nes Públicas de tres expe­dientes relacionados con el Plan de Asistencia Social de la Presidencia y del Institu­to Nacional de Atención In­tegral a la Primera Infancia (INAIPI).

En el caso de los dos ex­pedientes del INAIPI, uno de ellos refiere que en 2016 esa institución incurrió en viola­ciones a los procedimientos de la Ley 340-06, de Com­pras y Contrataciones, a tra­vés de procedimientos de urgencia, de los cuales no se tiene ninguna eviden­cia, y le costaron al Estado RD$208.05 millones.

El segundo de los ex­pedientes tiene que ver con irregularidades en el proceso INAIPI-CCC-LPN-2018-01, que data desde el 2018, para el su­ministro y distribución de leche a los Centros de Aten­ción Integral a la Primera Infancia (CAIPI) y Centros de Atención a la Familia y a la Infancia (CAFI) a escala nacional.

En el tercer expediente se expone que desde el año 2019 ha sido identificada una recurrencia sospecho­sa en los procesos de com­pras y contrataciones del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, que otorga­ba adjudicaciones millona­rias a compañías que fun­gían como intermediarias.

Declaraciones juradas

Desde el 16 de octubre pa­sado, la Procuraduría Espe­cializada de Persecución de la Corrupción Administra­tiva (Pepca) y la Dirección de Persecución han investi­gado a siete exfuncionarios y funcionarios del gobierno actual en torno a las decla­raciones juradas de patri­monio.

Ayer, la expresidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, fue interro­gada por segunda ocasión, esta vez durante cinco ho­ras, por el titular de la Pep­ca, Wilson Camacho, y la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso.

Lucía, hermana del ex­presidente Danilo Medi­na, acudió a interrogatorio acompañada de sus abo­gados Luis Rivas y Fidel Pi­chardo Baba.

A su salida, dijo que acu­dió a su citación para dar cumplimiento al requeri­miento del Ministerio Públi­co y está dispuesta a com­parecer cuantas veces sea requerida.

Dos del IDAC destituidos

Ayer fueron destituidos del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Bo­lívar León Paulino y Johán Estrada Pelletier, quienes están incluidos en una de­nuncia ante la Pepca por la Corporación Aeroportuaria del Este (CAE), por posi­bles visos de corrupción al dar la no objeción para fa­cilitar la ejecución del Ae­ropuerto Internacional de Bávaro.

EXDIRECTOR
Francisco Pagán Rodríguez
No quiso hablar.

En otro caso, ayer fue interrogado el exdirec­tor de la Oficina de In­genieros Supervisores de Obras del Estado (OI­SOE), Francisco Pagán Rodríguez, acompañado de su abogado Tiago Ma­rrero Peralta.

A su salida de la Procura­duría, Pagán rehusó ha­blar sobre su citación.

Un dato.

La corrupción adminis­trativa pública es defi­nida como el uso de la función pública para la obtención de beneficios personales, familiares o grupales en detrimento del patrimonio público. (LD)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *