Otorgan garantía económica a esposo de diputada del PRM acusado de lavado de activos

Miguel Arturo López Florencio y Miguel Arturo López Pilarte, padre e hijo.
Miguel Arturo López Florencio y Miguel Arturo López Pilarte, padre e hijo.

El juez Martín de la Mota, del Segundo Juzgado de Instrucción de La Vega cambió la prisión preventiva por una garantía económica de un millón de pesos como medida de coerción a Miguel López Florencio (Miky), señalado como el cabecilla de una presunta red de lavado de activos que involucra a una diputada y un regidor de esa provincia.

El magistrado Martín de la Mota decidió la variación de medida de coerción mediante una audiencia para decidir sobre la solicitud del Ministerio Público de una prórroga para el plazo de investigación.

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La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García, informó que esa prórroga fue solicitada en razón de que requieren un plazo más amplio para la investigación.

“Recordamos que habíamos solicitado la tramitación de caso complejo con un plazo de ocho meses y fue negada por el tribunal decisión que fue apelada y que el día de hoy la corte de apelación de la Vega no ha fijado la audiencia para conocer ese recurso del Ministerio Público”, declaró a Diario Libre la funcionaria judicial.

Otros imputados

Los hijos de Miky López, José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, así como su cuñada Ada María Pilarte y un empleado suyo identificado como José Antonio Román están imputados. A ese grupo el juez de Atención Permanente les impuso medidas de coerción consistente en garantía económica, impedimento de salida del país, presentación periódica ante el Ministerio Público y la colocación de un grillete electrónico.

En la supuesta red también está involucrada la esposa de López Florencio, Rosa Amalia Pillarte, quien es diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Acusación

El expediente dice que Miky López y su familia han realizado movilizaciones en el sistema financiero nacional por más de RD$7 mil millones en los últimos años.

En la investigación, indica el Ministerio Público, se pudo comprobar que esos miles de millones que fueron movidos en el sector financiero nacional. Además de su procedencia ilícita del dinero, tampoco se corresponden con los reportes realizados por los imputados a la Dirección General de Impuestos de Internos (DGII).

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