Durante un tiempo se creyó que regímenes políticos dictatoriales podían coexistir con economías libres. Los hechos parecían confirmarlo. En los dos países más importantes de la anterior órbita comunista, Rusia y China, se desarrollaron sectores económicos privados, motivados por la búsqueda de beneficios y guiados por los precios de mercado. Se les vio como arreglos en los que el gobierno conservaba su control sobre los asuntos políticos, mientras los mercados se ocupaban de las actividades económicas. Hechos más recientes han debilitado esa creencia. En ambas naciones, los gobiernos han tomado medidas para incrementar su control sobre las economías, e intervinieron en áreas previamente manejadas por intereses privados.

Hay que reconocer que la libertad económica en esos países era realmente condicional. Los empresarios privados surgieron dentro de esquemas en los que la vinculación con las autoridades estuvo muy presente, cada cual a su nivel. Los grandes con el gobierno central, los medianos con los estamentos políticos provinciales, y los pequeños con los dirigentes municipales. Pero una creciente independencia de esos segmentos privados, resultante de la acumulación de riqueza y poder económico, llegó a ser considerada como una amenaza para la conservación del control político.

Esa confrontación proviene también de las implicaciones económicas del absolutismo político. Las amplias facultades de los funcionarios gubernamentales les permiten tomar decisiones que pueden dificultar, encarecer, o hasta impedir las operaciones de las compañías privadas, lo que conduce a que éstas procuren poner límites a esas facultades. Los funcionarios, cuyo poder político proviene de su pertenencia al partido político oficial, no están dispuestos a tolerar dichas limitaciones.

La aparente conclusión, por lo tanto, es que la coexistencia de regímenes autoritarios y libertad de mercado, choca contra las consecuencias de la superposición de las esferas política y económica

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